Frente a la profunda crisis social que vive el país, las más de 800 organizaciones de la sociedad civil, agrupadas bajo la red Nuevo Pacto Social, consideran fundamental asegurar una participación ciudadana incidente, vinculante y el involucramiento de todos los sectores de la sociedad, en los procesos que se lleven a cabo para la construcción de una nueva Constitución. Para nuestro sector, la nueva Constitución debe permitir generar un nuevo sistema de relaciones entre las personas, las comunidades, los pueblos y las instituciones públicas y privadas, que se base entre otras cuestiones de primera importancia, en la confianza y el compromiso para construir una sociedad donde se respeten los derechos humanos de las personas y el medio ambiente.
Nuestra sociedad merece más que nunca tener en consideración una estructura que asegure un proceso legítimo, para llegar a un resultado que fortalezca la democracia y la representatividad de toda la ciudadanía chilena. Necesitamos regresar a la ciudadanía el poder constituyente. Y para llevar a cabo este proceso, las instituciones públicas y privadas involucradas en esta tarea, deben asegurar procesos legítimos de participación. Como organizaciones sociales participativas, respetuosas de la democracia, creemos un deber el velar porque se respeten fielmente cada una de las etapas necesarias para la transparencia y eficacia de dicho proceso, cualquiera sea su forma, considerando los siguientes puntos:
- Investigación, condena y reparación respecto de las violaciones a los derechos humanos en que se haya incurrido durante las etapas previas a este proceso.
- Convocatoria y gobernanza autónoma y simétrica de distintos sectores de la sociedad, con decisiones basadas en el principio del consentimiento al interior de ellas y participación de carácter vinculante.
- Participación del Estado chileno -incluyendo los tres poderes- y ministerios políticos y técnicos.
- Proceso garantizado por el Estado o, alternativamente por la sociedad civil con aporte internacional.
- Participación amplia de todos los cuerpos civiles de la sociedad, de la ciudadanía y de los pueblos indígenas en su conjunto.
- Información transparente, accesible y descentralizada -a nivel comunal, regional, nacional-, resguardando la seguridad y privacidad de las personas.
- Proceso territorialmente descentralizado y abierto a múltiples plataformas de participación.
- Resultados de corto, mediano y largo plazo.
- Reconocimiento de la participación como un derecho.
Estos puntos son el piso mínimo que las instituciones políticas y sociales reconocidas y legitimadas por la ciudadanía, deberán resguardar a la hora de avanzar en la construcción de una nueva carta fundamental. Esto, con el fin de asegurar la construcción de un país inclusivo y digno, basado en un proceso de participación ciudadana sostenido, vinculante, autónomo, de convocatoria amplia; y que valore y respete la diferencia y la pluralidad de todas las personas.
Finalmente esta red apoya y se pone a disposición de los municipios de Chile que se unieron desde AChM para convocar a un plebiscito y consultar a la ciudadanía si quiere una nueva constitución.
