Este miércoles 9 de agosto se llevó a cabo un conversatorio para discutir la situación actual en Chile desde el sector público, las dirigencias sociales y la perspectiva del desarrollo rural, en un contexto de recuperación económica con altos índices inflacionarios y de estancamiento, buscando responder a la pregunta: ¿Cuáles son las medidas tomadas a nivel nacional para cumplir el objetivo de erradicar la pobreza a 2030, y cómo estamos ahora, a mitad de camino?
La iniciativa fue moderada por Jonathan Barton, Profesor del Instituto para el Desarrollo Sustentable UC y los expositores fueron tres: Paula Poblete, Subsecretaria de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Rodrigo Yáñez, Director de la oficina nacional del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP-Chile) y Ximena Anza Colamar, líder de la red de ganaderas y ganaderos Camélidos Sudamericanos del Territorio Biocultural Andino, y parte de la red de lideresas de Servicio País.
En la ocasión, la subsecretaria Paula Poblete comentó los principales resultados de la encuesta Casen 2022, abordando las cifras de pobreza por ingreso y pobreza multidimensional, a nivel nacional y regional. Además comentó que el programa de gobierno del presidente Boric se identifican 239 iniciativas, de las cuales el 98% está vinculada a uno o más ODS.
Rodrigo Yáñez, RIMISP-Chile, relevó la importancia de medir la pobreza de manera multidimensional, porque eso nos permite entender un Chile más complejo, y mencionó que “los ODS son más de uno, la pobreza no está sola y ninguna de estas variables se puede pensar de manera aislada de la otra, están relacionadas”. Comentó además la importancia de incorporar el medio ambiente como una dimensión en la medición de la encuesta Casen, ya que “es un factor habilitante de la vida, sin un medio ambiente robusto no hay vida social”.
En el caso de Ximena Anza, quien vive en Caspana, mencionó que Antofagasta suele ser vista como una de las regiones más ricas del país, debido al desarrollo de la gran minería del cobre y la minería no metálica. Sin embargo, la realidad de las comunidades indígenas de precordillera y altiplano contrasta fuertemente con esa visión. Muchas de las comunidades quechua y likanantay viven y prosperan gracias a las actividades agropastoriles que mantienen desde tiempos remotos, y donde el agua cumple un papel crucial. Las comunidades siempre han hecho un uso muy eficiente del agua. De otra manera no habría sido posible prosperar en el desierto más árido del planeta. Sin embargo, el cambio climático y la minería han provocado profundos trastornos en la disponibilidad de este recurso, y no tienen la cantidad suficiente para cubrir bofedales para el ganado. «Vengo de la región más rica de Chile, sin embargo, las comunidades (indígenas) todavía no tenemos acceso a luz eléctrica permanente, y agua potable que es un derecho humano… Pedimos lo básico y aún así no lo obtenemos».
Ella entregó al debate una mirada desde el territorio y los pueblos indígenas, y cómo las políticas públicas muchas veces no les consideran al momento de tomar decisiones. En relación a esto mencionó que “cuando las políticas son pensadas en el centro y aplicadas en el territorio, éstas no son las que se necesitan”. Como ejemplo, mencionó que “en el altiplano se necesita tener acceso a forraje para sus animales, porque muchos adultos mayores que son dueños de ganado destinan gran parte de su pensión para comprar este alimento. Los camélidos son una parte de ellos y no los van a dejar sin comer, pero eso va en desmedro de sus condiciones personales y les gustaría que eso se considere al momento de generar políticas públicas”. También agregó que “todos los trámites se hacen por internet y tenemos clave única, pero el acceso ¿dónde está?… No se puede obligar a las personas a cambiar su forma de ser para acceder a las oportunidades y servicios”. Además, mencionó que uno de los principales problemas que enfrentan en los territorios más apartados, como el Alto Loa, es el despoblamiento, ya que muchas familias se deben mover a la ciudad para dar educación a sus hijos, y adquirir trabajos menores, dejando su seguridad, entorno y calidad ambiental. “Nosotros no nos consideramos pobres, pero sí hay factores que nos empobrecen, como el acceso a la educación. Las familias se ven obligadas a migrar a las grandes ciudades para que sus hijos concluyan sus estudios”, mencionó.
Relevó la importancia de tener en cuenta que hay municipios como Calama con importantes centros urbanos, pero que también poseen una extensa y rica ruralidad que suele estar muy subrepresentada en las encuestas. En general los territorios rurales son invisibles. Concluyó invitando a la autoridad a visitar los territorios para incorporar otras miradas, ya que los pueblos originarios pueden ser un aporte al desarrollo del país.